Procesado el año pasado por el ex fiscal Carlos Stornelli (ahora ministro de Seguridad bonaerense) por lavado de dinero, el ex gerenciador del PAMI durante la era del ultra menemista Víctor Alderete, Rubén Darío Romano, reapareció en la escena mediática en el marco de la investigación por tráfico de efedrina.

El ex gerenciador está en la mira de la Justicia, que investiga por qué un auto que habría estado a su nombre ingresó y salió de la quinta de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, antes del allanamiento que descubrió la efedrina ilegal.

Fuentes judiciales confirmaron a la agencia DyN, que el vehículo, cuya marca y modelo se mantienen bajo secreto, fue filmado cuando se realizaban las tareas de inteligencia previas en el predio que finalmente fue allanado y donde se halló la sustancia que es utilizada para la fabricación de éxtasis.

Rubén Romano estaría a su vez  vinculado a la causa del denominado "triple crimen" de General Rodríguez, debido a que Sebastián Forza, una de las víctimas, habría revelado poco antes de morir que tuvo con él una sociedad comercial.

Tanto el ex gerenciador de Abril como el empresario asesinado habían sido proveedores del PAMI y del Ministerio de Salud, pero fueron desplazados por la actual ministra de Salud, Graciela Ocaña.

En 2007, Stornelli denunció a Romano por lavado de dinero. Antes, en 2004, cuando Ocaña asumió como interventora del PAMI, fueron rescindidos contratos con la gerenciadora Abril (dirigida por el investigado) por unos U$S 4.200.000 dolares por mes. En su momento, la actual ministra de Salud vinculó al ex gerenciador con el sindicalista Luis Barrionuevo. También lo denunció por "amenazas".

Romano “hizo su fortuna gracias a la conexión que tenía con Barrionuevo”, afirmó Ocaña en una charla con Clarín. Allí, la ministra dijo además que ese vínculo le permitió a al ex gerenciador (quien era ordenanza de correo hasta 1989) manejar contratos millonarios durante la gestión de Alderete, en el gobierno de Carlos Menem.

Por entonces, Romano se defendió al afirmar que no era testaferro de Barrionuevo, al tiempo que señaló que era víctima de una supuesta “persecución por parte de Ocaña” que anuló sus contratos.